Terapia de Choque Anticorrupción en Guatemala

Por Jose E. Quiñones

Junio 2016

Guatemala está experimentando una merecida ofensiva sin precedentes contra la corrupción. 

Un Ex­Presidente y Ex­Vicepresidentajunto con muchos de sus miembros de gabinete están siendo procesados por un creciente número de crímenes incluyendo cohecho pasivo, lavado de dinero y defraudación fiscal entre otros.   Las acusaciones están siendo impulsadas por esfuerzos de una comisión auspiciada  por las Naciones Unidas que hasta hace poco tuvo poco éxito en desmantelar el “crimen organizado”, su principal objetivo.    Las revelaciones han expuesto distintas posibles redes de corrupción con acusaciones contra abogados, jueces, magistrados de la Corte de Apelaciones y de la Corte Suprema de Justicia.   Se ha generado un clima de sospecha que ha llevado a jueces a denegar solicitudes de excarcelación bajo fianza, que en algunos casos pudieran resultar razonables, por temor de los jueces a ser objeto de persecución.  Algunos representantes legales de compañías están siendo investigados por cohecho activo, acusados de financiar ilegalmente campañas electorales de la administración anterior a cambio de beneficios financieros en contratos y compras públicas.  El asombro inicial está empezando a mermar, aunque algunos expresan escepticismo ante la capacidad de procesar una práctica que por mucho tiempo fue considerada “normal”.

En la superficie hay sin duda un sentimiento popular que se está haciendo justicia por conductas criminales que fueron tratadas con impunidad.  Por ejemplo, recientemente un Ex­Presidente fue procesado por el sistema de justicia de los Estados Unidos por “conspiración para lavar dinero” después que los juzgados locales determinaron que no había suficiente evidencia para condenarle en una gama de delitos más serios de corrupción.  Después de cumplir una condena abreviada en los Estados Unidos regresó a intentar correr para un cargo en el Congreso de la República.  Este tipo de situaciones han alimentado la frustración popular.

Quizá sea de resaltar que la conmovida comunidad de negocios está mostrando preocupación por que los efectos de la ofensiva anti-corrupción impacten negativamente la economía de Guatemala en el corto y mediano plazo.   Las acusaciones de corrupción empresarial dejan un vacío para las necesidades de contratación pública.   Este sector ha involucrado negocios opacos donde las adjudicaciones de licitaciones públicas se hacían bajo escogencia.   Las empresas escrupulosas que se mantienen usualmente fuera de este sector por su excedida complejidad y riesgo,  no están preparadas para ingresar a este mercado de “nicho”.   Transformar un sistema enraizado y sujeto a choque requerirá de profundo y concienzudo análisis y rigor académico, el cual no se ha generado aún.   Al mismo tiempo, instituciones debilitadas no están preparadas para proponer e implementar correcciones exitosas de largo plazo.  De hecho, han malinterpretado el sentimiento popular tratando de proponer una improvisada reforma judicial y electoral, entre otras reformas necesarias.  Una reforma significativa sería mejor concebida mediante una ofensiva integral de las comunidades académicay profesional.

Una cosa es cierta: hay un sentimiento generalizado que Guatemala tiene una oportunidad excepcional para fortalecer el Estado de Derecho y emerger como una nación fortalecida.  Idealmente,  los esfuerzos harán una transición de la persecución de funcionarios públicos y negocios a estimular de manera general una cultura fortalecida anti-corrupción.  El Presidente del Grupo de Trabajo de la OCDE sobre soborno Drago Kos,  recientemente reconoció que hay una transición del apremio hacia el impulso a la integridad en las transacciones comerciales.  Adicionalmente, esfuerzos internacionales para estandarizar e impeler metodologías anti-corrupción, así como implementar sistemas de estándares internacionales anti-soborno, tal como la muy esperada norma ISO 37001, brindan renovadora esperanza.  Muchos argumentan que el cambio vendrá no tanto de reformas legales, que son propuestas o aprobadas con regularidad pero raramente aplicadas, sino del apetito motivado intrínsecamente de fortalecer el sistema implementando reformas políticas y de negocios que sean consistentes con los valores personales y de comunidad compartidos.    Este enfoque podría estar más alineado con los objetivos de largo plazo de la comunidad de negocios que la producción de utilidades de corto plazo.  Quizá las circunstancias actuales motiven a los negocios a jugar su rol para elevar el nivel de lo que se considera como una ética de negocios aceptable y posiblemente sea haga no por razones morales sino por el mismo interés en la sostenibilidad de los negocios. 

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