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La tecnología tiene la impresionante capacidad de generar una revisión a las prácticas establecidas hasta el día de hoy. A pesar de la resistencia tradicional por muchos, la tecnología se ha infiltrado en todas las industrias, incluyendo al arbitraje internacional. Las videoconferencias, los registros electrónicos, las herramientas de producción de documentos digitales y las bases de datos de investigación, entre otras herramientas, son cada vez más comunes y sofisticadas.


Para muchos el uso de las herramientas digitales permite tomar el siguiente paso en la evolución digital, el “aprendizaje” independiente de las computadoras (machine learning) y el uso de la inteligencia artificial (“AI”).



Ninguna industria es inmune ante el crecimiento exponencial y acelerado de la inteligencia artificial. Eso lleva necesariamente a preguntarnos ¿qué impacto tendrá la inteligencia artificial en el arbitraje? Por el momento, la AI está lejos de asumir por completo la labor humana en el arbitraje. Sin embargo, resulta interesante hacer unas consideraciones sobre la AI, y el potencial que tiene para trasformar la industria del arbitraje internacional.



1. PROTOCOLOS INTELIGENTES



Actualmente se están desarrollando protocolos inteligentes para la resolución de controversias que imitan, de cierta manera, el rol de los árbitros. Por ejemplo, SmartSettle[1] es un mecanismo inteligente que está diseñado para resolver controversias de pequeña cuantía, generando resultados de una negociación bilateral por medio de la asignación de costos y un simple manejo de números y probabilidades. Por otro lado, también existe Adjusted Winner[2], un algoritmo inteligente desarrollado para dividir bienes entre dos partes de la manera más equitativa.



Estos son algunos de los ejemplos básicos, ya existentes, que resuelven las controversias con la simple ejecución de algoritmos previamente programados. A pesar de lo anterior, la tendencia no parece disminuir, ya que se siguen desarrollando otros protocolos informáticos para resolver controversias como lo es JURIS[3].



En comparación con los árbitros que toman meses en emitir un laudo final, la AI promete proveer soluciones a controversias en cuestión de minutos. A su



vez, los protocolos informáticos tienen el potencial de aprender de casos anteriores y producir laudos con mejores razonamientos que los que han sido emitidos por árbitros humanos.



Sin embargo, por el momento la AI está lejos de apoderarse el arbitraje por completo. Afortunadamente, esto se debe a que todavía existe un conjunto de componentes propiamente humanos en las disputas.



2. EL USO DE LA AI PARALOS ÁRBITROS



Más que pensar en una sustitución de los árbitros por la AI, se debe fomentar el uso de la AI para facilitar la labor de los árbitros. La adaptación de la AI en beneficio de los árbitros puede darse en las siguientes áreas:



· Procesamiento de datos e investigación legal; y



· Procesamiento analítico.



I. Procesamiento de datos



Aunque el mercado de la investigación jurídica cuenta con bases de datos con capacidad de búsqueda para temas legales, no se ha planteado ninguna iniciativa seria sobre el uso de la AI en el arbitraje moderno para el procesamiento de información y la investigación legal.



Por ejemplo, ROSS[4] es el primer abogado artificialmente inteligente del mundo y es el protocolo que IBM ha creado para responder preguntas legales de forma acertada y en cuestión de segundos. Algo que distingue a ROSS de cualquier otro abogado del mundo es la capacidad ilimitada de lectura y procesamiento de información. Es decir, un protocolo inteligente ha llegado a tener la ventaja competitiva sobre cualquier humano para:



· Investigar y resumir sobre leyes que son, por naturaleza, cambiantes;



· Investigar y resumir sobre la jurisprudencia comparada; e



· Investigar y resumir sobre tendencias contemporáneas.



Para efectos ilustrativos, ROSS trabaja sobre un protocolo inteligente que se divide en los siguientes pasos:



i. Se formulan preguntas legales en lenguaje natural;



ii. ROSS recopila información e investiga en todas las bases de datos existentes;



iii. ROSS genera respuestas legales, junto con las referencias y citas textuales necesarias para respaldar las conclusiones.



Por si no fuese suficiente todo lo anterior, el protocolo inteligente de ROSS también está diseñado para aprender de la experiencia y mejorar la velocidad y precisión para futuras ocasiones.



Como lo señalo el McKinsey Global Institute[5], el 23% del trabajo de un abogado puede automatizarse. Por todo lo anterior, un protocolo inteligente como el de ROSS puede ayudar a la investigación legal de los árbitros en el arbitraje internacional. Automatizar el análisis y el procesamiento de leyes, casos y documentos debe ser un paso natural para proveer de otra herramienta eficiente al arbitraje internacional.



II. Procesamiento analítico



De una forma más controvertida, la AI se puede utilizar para tareas más analíticas en el arbitraje internacional, como lo puede ser, la valoración de las pruebas presentadas en un proceso arbitral o la posibilidad de detectar conflictos de intereses de los árbitros según la información pública y disponible en cualquier medio digital.



Aunque es un tema más delicado, dependiendo del tiempo y las limitaciones de recursos del arbitraje, el uso de la AI para tareas de procesamiento más analíticas tiene que estar sujeto a una aceptación por las partes. Incluso las instituciones arbitrales podrían migrar a desarrollar o colaborar con protocolos inteligentes analíticos que las partes puedan adoptar a sus procedimientos.



Finalmente, es posible que el Tribunal Arbitral decida hacer uso de la AI para verificar su laudo en contra de la decisión del protocolo inteligente. Dicho mecanismo podría servir como una precaución útil, aunque resultados de este ejercicio de verificación probablemente agregue muy poco valor a la decisión final del tribunal.



3. LOS ÁRBITROS NO PUEDEN SER REEMPLAZADOS POR LA AI



Como primer punto, en términos digitales, una computadora es tan buena como los datos de su creador. Lo anterior implica, necesariamente, que tendría que existir un protocolo inteligente sumamente denso y complejo para poder prever todas las contingencias dentro de un procedimiento arbitral.



Gran parte de la labor de los árbitros no se publica o se materializa en el laudo. Por ejemplo, la elección de la sede arbitral cuando las partes no lo han acordado o el ejercicio de facultades discrecionales no es información fácilmente disponible. Por consiguiente, los programadores informáticos no podrían introducir esa información contingente y variable en los protocolos inteligentes. Es decir, la AI no estaría preparada para resolver cuestiones excepcionales que, de acuerdo a la práctica, siempre existen.



Como segundo punto, un principio fundamental del arbitraje internacional es el debido proceso. Es posible que la AI pueda programarse para otorgar los mismos plazos a las partes, rechazar documentos que excedan el número de páginas acordadas, alertar a las partes de su oportunidad de expresarse sobre pruebas propuestas y calcular retrasos en el cronograma de procedimientos. Sin embargo, la flexibilidad que ofrece un árbitro humano podría comprometerse. Sin la flexibilidad para modificar adecuadamente los procedimientos, la eficacia en función del debido proceso podría convertirse en un mito al depender estrictamente de protocolos inmutables.



Finalmente, el componente humano de la resolución de disputas no debe ignorarse. Detrás de la naturaleza del arbitraje, existe un respaldo que radica en la confianza humana que se tiene en la reputación y el profesionalismo del árbitro humano. Deben celebrarse y aplaudirse los avances tecnológicos, pero sin sacrificar la legitimidad del arbitraje internacional. Actualmente, existe mayor satisfacción al saber que una persona respetada se ha pronunciado sobre una disputa y no un simple protocolo inteligente que tuvo un razonamiento oculto sobre la base de un algoritmo desconocido. La percepción puede cambiar en los próximos años, pero la etapa actual de desarrollo de AI parece incompatible con el arbitraje internacional.



4. CONCLUSIÓN



La razón por la cual valoramos el arbitraje es por la existencia de un mecanismo humano e imparcial que busca la resolución justa de las controversias. Es poco probable que la AI reemplace por completo a los profesionales del arbitraje, por lo menos hasta que los protocolos inteligentes puedan exhibir con claridad su proceso de razonamiento. Además, emitir un pronunciamiento justo sobre la adjudicación de derechos se percibe como una cualidad fundamentalmente humana que no puede ser reemplazada tan fácilmente por maquinas. A pesar de lo anterior, lo la AI se convertirá en una herramienta más seria en la práctica del arbitraje internacional para automatizar actividades de los abogados.



[1] 1


[2] 1


[3] 1


[4] 1



[5] 1 James Manyika, Michael Chui, Mehdi Miremadi, Jacques Bughin, Katy George, Paul Willmott & Martin Dewhurst, Harnessing Automation for a Future that Works, McKinsey Global Institute,



Ver el artículo en la plataforma de CIAR GLOBAL aquí: Arbitraje inteligente

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El término “big data” hace referencia a la acumulación masiva de datos, así como su proceso de análisis y manejo. Cada vez son más las empresas que utilizan éstas bases de datos como un medio importante para la venta de bienes o prestación de servicios. Asimismo, el rápido crecimiento en la recopilación, transmisión y almacenamiento de datos a un costo relativamente bajo ha cuestionado a muchos comentaristas sobre la necesidad de establecer nuevas política de competencia para regular dicho sector, bajo la premisa que el uso de dichos datos constituye una ventaja competitiva mucho mayor que podría resultar en una competencia desleal que debe ser regulada.

Sin embargo, es importante tomar en cuenta que el mero acto de recopilación masiva de datos del consumidor no debe ni puede constituir una dominancia en el mercado ni mucho menos una práctica anticompetitiva para un determinado sector. Por el contario las empresas que dedican a la recopilación masiva de datos constituyen una importante fuente de innovación que no debería ser limitada, pues la recopilación no se realiza a expensas y en detrimento de la competencia, sino más bien debería de ser considerada como un medio necesario de innovación. Aunque el uso de datos podría en circunstancias específicas justificar la intervención regulatoria, en la mayoría de los casos la adquisición y uso de datos no reduce la competencia, y el marco regulatorio existente, en la mayoría de jurisdicciones ya cuentan con parámetros lo suficientemente flexibles para otorgar la protección necesaria al mercado.

Adicionalmente, cada vez más información personal es tratada como big data, siendo fundamental para algunas de las innovaciones más importantes de la economía como los diagnósticos médicos, asistentes digitales, traducción de idiomas, planificación urbana y seguridad pública.

Las recientes reformas al Código de Comercio nos dan razones para pensar que ya no existe, como ocurría antes, una limitación legal para resolver vía arbitraje las acciones a las que da lugar el Código de Comercio. Esta limitación se había sustentado en el artículo 3, inciso C) de la Ley de Arbitraje, el cual regula que el arbitraje está excluido para todas aquellas acciones para las cuales la ley contemple un procedimiento específico. Es así que estaban excluidos del arbitraje, por ejemplo, algunas acciones en materia societaria tales como promover una convocatoria a Asamblea de accionistas ante la negligencia y renuencia de los administradores (arts. 38 y 141 de Código de Comercio) y la oposición a un Acuerdo de Exclusión (art. 227).

El artículo 1039 del Código de Comercio fue reformado hace pocos meses quedando su texto actual así: “A menos que se estipule lo contrario en este Código, todas las acciones a que dé lugar su aplicación se ventilarán en juicio sumario, salvo que las partes hayan convenido en someter sus diferencias a arbitraje, en cuyo caso prevalecerá el acuerdo arbitral sobre cualquier proceso o vía judicial señalada específicamente en este Código o en otras leyes de naturaleza mercantil”.

Esta norma, que da prevalencia al arbitraje sobre otras vías establecidas en ley, parece estar en desencuentro con lo que dispone el artículo 3 de la Ley de Arbitraje, que determina la inarbitrabilidad de acciones para las cuales la ley prevea una vía concreta.

La colisión de estas dos normas (ambas normas parecen disponer diferentes consecuencias para una misma situación) es lo que comúnmente referimos los abogados como una antinomia, es decir una contradicción entre leyes. Para resolver antinomias la Ley del Organismo Judicial (“LOJ”) prevé una serie de criterios de prevalencia: especialidad, temporalidad y jerarquía. Es decir, prevalece la norma especial sobre la general, la posterior sobre la anterior, la de mayor jerarquía sobre la de menor jerarquía.

Lo particular e interesante de la antinomia que se discute es que, entre las normas en contradicción, una es la norma posterior (la nueva versión del artículo 1039 del Código de Comercio) y otra norma, discutiblemente, es la norma especial (el artículo 3 de la Ley de Arbitraje) porque se encuentra en el cuerpo que regula el arbitraje. Entonces, ¿qué criterio prevalece, temporalidad o especialidad?

Esta particular contradicción entre normas de igual jerarquía es conocida como antinomia de segundo grado, y surge cuando ninguno de los criterios tradicionales de prevalencia, tales como temporalidad y especialidad, resultan suficientes para resolver las antinomias, por cualquier de las siguientes razones: a) Puede ocurrir que ninguno de los criterios señalados sea de aplicación en una situación concreta; o b) puede ocurrir que sean aplicables varios de estos criterios. Es el segundo supuesto el que nos atañe.

La resolución de antinomias de segundo grado es algo en lo que discrepan jueces y doctrinarios, pero vale la pena mencionar lo siguiente:

o En términos fundamentalmente estadísticos tiene cierta preeminencia el criterio de especialidad[1].

o Si el legislador emite una norma posterior, lo hace, al menos en teoría, a sabiendas de la existencia de la norma anterior. Ello supondría que esta norma anterior debería considerarse derogada (tácitamente) por la posterior. Consiguientemente, la norma a aplicar sería la posterior[2].

o Si el legislador ha dictado una regulación general que contradice otra anterior y especial es porque deseaba terminar con ese trato excepcional, ya que, de lo contrario, en la nueva norma general hubiera incluido una salvedad expresa en relación con la situación anterior[3].

Como hemos dicho, en Guatemala tanto el criterio de especialidad como el de temporalidad se encuentran regulados en la ley, el primero en el artículo 12 de la Ley del Organismo Judicial, relativo a la primacía de las disposiciones especiales, y el criterio de temporalidad en el artículo 8 de esa misma ley relativo a la derogatoria de Leyes. La LOJ no nos saca de dudas en cuanto a qué criterio prevalece entre ambos, pero la Corte de Constitucionalidad sí.

La Corte de Constitucionalidad ha conocido de este tipo de antinomias y ha resuelto dando aplicando por ende la ley posterior pese a ser general sobre la especial y anterior. Como ejemplos podemos citar:

o Expedientes 943-2007 y 3484-2006: “(…) En este caso, la antinomia de segundo grado sería de especialidad-cronológico, ya que se produce entre una norma anterior y especial (…) y una norma posterior y general (…) el legislador dispuso que las leyes se derogan parcialmente por incompatibilidad de disposiciones contenidas en las leyes nuevas con las precedentes, según el inciso b) del artículo 8° de la Ley del Organismo Judicial. Por tal razón, esta Corte considera que el conflicto normativo se resuelve con aplicación del inciso b) citado (…). De esa cuenta, la autoridad recurrida debió interpretar el ordenamiento jurídico en aplicación de la norma posterior (…)”.

o EXPEDIENTE: 3229-2007 “(…) entre una norma anterior y especial (…) y una norma posterior y general (…) hermenéutica que como forma de solución previsora de tal antinomia también ya se ha decantado este tribunal en la sentencia de Expediente 943-2007. De ahí que para el presente caso, se interpreta en su debido contexto la norma posterior (…)”.

La prevalencia del criterio de temporalidad para dilucidar el dilema de la antinomia de segundo grado implica que ahora puede pactarse cláusula arbitral para todas las acciones a las que da lugar el Código Comercio,[4] mismas que antes estaban excluidas por virtud de la ley. El hecho de que puedan resolverse estas disputas a través de un proceso arbitral no implica que deban resolverse por esta vía ni que sea recomendable pactarse arbitraje para todas estas acciones. Debe analizarse, caso por caso, y según las necesidades de cada sociedad, sobre qué disputas conviene un pacto arbitral y sobre cuales otras conviene optar por la vía judicial. [1] Betegón, J. Lecciones de Teoría del Derecho. Página 281. [2] David Martínez Zorrilla. (2015). Conflictos Normativos. México: Universidad Autónoma de México. Página 1323. [3] Francisco Javier Ezquiaga Ganuzas. (2010). Conflictos Normativos e Interpretación Jurídica. México: Tribunal Electoral del Estado de Michoacán. Página 34. [4] Salvo aquellas que por su naturaleza no sean arbitrables, como los procesos ejecutivos, y, evidentemente, aquellas sobre las cuales no exista un pacto arbitral.

Las últimas décadas en materia de recaudación fiscal han sido marcadas por dos cuestionamientos grandes en Guatemala: el primero, el bajo porcentaje de recaudación sobre el producto interno bruto (especialmente al compararse con otras economías de América Latina), y el segundo, la concentración de la base tributaria. Rara vez escuchamos a alguien que acepte ambas premisas como válidas y menos que sugiera, adicionalmente, que la mejora en la recaudación depende más de la simplificación y transparencia impositiva que de un incremento en tasas impositivas. Quizá es que al igual que en una economía familiar basada en ingresos fijos en donde el riesgo de que cualquier cambio incida en la estabilidad del mes paraliza cualquier emprendimiento; nadie cuya carrera dependa de la opinión pública está dispuesto a evaluar las raíces del problema y contradecir los “convenios de recaudación”[1] que año con año se celebran entre el Presidente de la República y el Superintendente de Administración Tributaria, convenios responsables de diversos titulares de prensa y de más de algún incentivo perverso.

La recaudación fiscal en Guatemala está concentrada en dos impuestos principales: el Impuesto al Valor Agregado y el Impuesto Sobre la Renta. Tomemos de referencia el año completo 2016 en el cual el Impuesto Sobre la Renta (ISR) representó aproximadamente 29% de la recaudación anual, mientras el Impuesto al Valor Agregado (IVA) cerca del 44%, éste último dividido entre montos similares por importaciones del 24% e IVA doméstico del 24%. Sumados responden por el 76% de la recaudación anual.

A nivel de IVA doméstico se calculan altas cifras de incumplimiento e informalidad, en sectores con ventas domésticas significativas entre 1.5% y 4% del PIB dependiendo de la fuente. Sin duda una reacción fácil, al ver que Guatemala con una recaudación de IVA alrededor de un 5% del PIB es de las más bajas en América Latina, podría ser el considerar elevar la tasas de dicho impuesto del 12% actual a quizá al 15%, aunque sin duda no vendría sin una dosis importante de costo político. Por otro lado la complejidad en el manejo del IVA en sectores informales aunada a una baja capacidad de fiscalización, hacen que la carga del IVA pese importantemente sobre las importaciones y no sobre el valor agregado doméstico. La fiscalización y la complejidad son enemigos de la formalidad.

Para quienes prefieren mantener su estado actual y asumir el riesgo de operar en la informalidad, el salto a la formalidad es una barrera significativa, pero queda claro que dependemos en forma importante de un sistema complejo de cálculo sobre el valor agregado cuyas premisas muchas veces no se conocen por los contribuyentes y una renta imponible cuya determinación es el resultado de una carrera de obstáculos arbitraria y cambiante. Sin duda fuente de trabajo para asesores y técnicos, y aliado importante de la informalidad.

El sistema tributario es un apéndice integrado a la economía, que en su estado ideal debiera garantizar el funcionamiento básico del Estado con una afectación positiva o neutra al proceso económico. Nada positivo logra un sistema de fiscalización invasivo que desincentive la producción, impida ampliar la base tributaria y por el contrario incentive la inversión de capitales fuera del territorio; “mejorar” la recaudación a costa de una economía quebrantada no tiene sentido. Por otro lado mantener un clima de desigualdad donde algunos sectores contribuyen poco o nada, fomenta una baja moral tributaria, contribuye a la desigualdad social y obstaculiza la cohesión cuando no existe un sentimiento genuino de aportar y poder exigir del sistema.

Sin duda las ciencias económicas no están articuladas sobre ecuaciones lineales. Como ejemplo, hoy se revive el recurrente debate de los efectos de la reducción de impuestos sobre los ingresos reales de los trabajadores, discusión que ha sido materia de polémica por décadas entre economistas. Hasta hoy no conozco un bando victorioso, pero sí ejemplos mixtos donde un estímulo económico puede generar un crecimiento salarial general basado en la reducción de la oferta laboral y una competencia en salarios para atraer talento, generando mayores ingresos formales que contribuyan fiscalmente al sistema. Sin duda este debate al menos deja claro que elevar la carga impositiva sin evaluar otros factores tendría un efecto que por lo menos se pueda catalogar como no-lineal e impredecible.

Los tiempos actuales parecieran un momento ideal para trabajar sobre un sistema de recaudación fiscal que se perciba como más justo y a la vez tomar pasos firmes para estimular la inversión y el emprendimiento. Si las decisiones las dejamos en manos de quienes solo tienen un objetivo y no tienen un incentivo directo para ver un panorama completo, podemos terminar estirando la recaudación sobre un modelo cuya elasticidad pareciera estar alcanzando sus límites. Es imprescindible evaluar el sistema tributario como parte del sistema económico general y no al revés.

Las últimas reformas tributarias y sus antecesoras, se basan en presunciones de incumplimiento y evasión, reduciendo más los gastos deducibles, trasladando funciones recaudadores a los contribuyentes, distorsionando la correcta devolución de créditos fiscales, asumiendo valores de mercado para tasas impositivas creadas sobre valores fiscales. Más reformas en ese sentido equivalen a tapar filtraciones pero no nos dejarán con un sistema más robusto. Al contrario, corremos el riesgo de provocar fisuras cuya reparación no estamos en capacidad de afrontar.

Debemos emprender un esfuerzo que tome en cuenta los resultados totales, tanto en las fuentes de la recaudación como en el uso correcto de los recursos, extremo que pareciera al día de hoy el más descuidado de todos. Cualquier análisis debe revisar las premisas sobre las que se debe basar el sistema, evaluando la sencillez en cálculos, fácil y eficiente fiscalización por la autoridad fiscal y cumplimiento por el contribuyente, y transparencia en la ejecución de los recursos, de tal forma que la formalidad no sea materia de un proceso de decisión, y los procesos de recaudación no se basen en presunciones y arbitrariedad. Cualquier esfuerzo de reforma debe estar dispuesto a renunciar el pasado y enfocarse en un mejor futuro para una recaudación integral. El clima para algo parecido pareciera cercano, aunque los actores no han entrado en el escenario. Si hay algo claro es que la discusión no debe limitarse a cuanto, sin incluir el cuándo, quién, cómo, y para qué. [1] https://portal.sat.gob.gt/portal/meta-de-recaudacion-y-cumplimiento/#1506901809579-6fa8b517-48c0

Cuando hablamos de una solicitud de condena a intereses en el arbitraje, es común que entendamos que se refiere a una petición general de nuestras pretensiones, en la cual se le solicita al Tribunal que se le condene a la contra parte al pago de los intereses que correspondan. Sin embargo, hay muchos temas que los abogados y los árbitros deben tener en cuenta cuando se trate de solicitar o resolver sobre los intereses.

El primer aspecto a considerar debe ser la determinación de la ley que resulta aplicable a los intereses. Podría resultar aplicable la Lex Arbitri, la Lex Causae, la ley del lugar ejecución, etc. Determinado esto, se debe poner atención a normas sustantivas del país cuya ley resulte aplicable, puesto que en algunas jurisdicciones (como el caso de Guatemala) se contempla una tasa de interés legal (la cual el Tribunal debería tener en consideración) e incluso hay una prohibición expresa de la capitalización de intereses (salvo para instituciones bancarias) que puede considerarse como una norma de orden público y cuya inobservancia podría causar problemas posteriores para la ejecución del laudo.

Además, debe considerarse si proceden o no los intereses moratorios, en qué casos, o incluso si se puede condenar al pago de éstos a pesar que las partes no lo hubieren pedido. Luego, hay otros aspectos a analizar, tales como: ¿Qué tasa es la que resulta aplicable? ¿Durante qué período? ¿Se pueden otorgar intereses pre-laudo o post-laudo?, ¿o ambos? ¿Qué tasa se aplica para cada uno? ¿Se pueden capitalizar? ¿Cada cuánto se deben capitalizar –período de capitalización-? ¿Sustituyen los intereses moratorios o legales al reclamo de daños y perjuicios? ¿Puede generase un interés sobre el monto al cual se condene en concepto de daños y perjuicios?

Todos estos temas (y muchos más) son aspectos que los abogados de parte y los miembros del Tribunal Arbitral deben tener en consideración al momento de formular un reclamo que incluya una pretensión de condena a intereses o al momento de su análisis en el laudo, según sea el caso.

En el reciente Congreso Internacional de Arbitraje organizado por el Instituto Peruano de Arbitraje (IPA) en Lima a finales de Abril, entre muchos otros temas de interés, se abordó el relacionado a la confidencialidad a que usualmente están sujetos los procesos arbitrales, en contraposición a la creciente ola por la transparencia a nivel mundial que en alguna medida está empezando a cuestionar la confidencialidad –cuando menos de algunos aspectos- de las actuaciones arbitrales.

No cabe duda que la confidencialidad ha sido un bastión del Arbitraje Comercial, permitiendo a las partes en conflicto mantener en reserva la disputa entre ambos. Si bien la confidencialidad se ve limitada o impedida en los casos de Arbitraje de Inversión por otras circunstancias más relacionadas con el hecho de que una de las partes es un Estado que a su vez está sujeto a normas de transparencia, es previsible un creciente movimiento que propugnará por hacer públicos ciertos aspectos de los arbitrajes comerciales. Entre los argumentos a favor están, el permitir una mejor evaluación del desempeño de los árbitros y el evitar que el arbitraje cobije la resolución de controversias que pudieran contrariar el orden público o reñir con la ley.

Esperemos que esta nueva tendencia encuentre un justo balance para no desestimular el gran atractivo legítimo que la confidencialidad de un arbitraje comercial representa para las partes que se someten a él; más aún cuando acuerdan en forma expresa que sus actuaciones serán confidenciales.