Las últimas décadas en materia de recaudación fiscal han sido marcadas por dos cuestionamientos grandes en Guatemala: el primero, el bajo porcentaje de recaudación sobre el producto interno bruto (especialmente al compararse con otras economías de América Latina), y el segundo, la concentración de la base tributaria. Rara vez escuchamos a alguien que acepte ambas premisas como válidas y menos que sugiera, adicionalmente, que la mejora en la recaudación depende más de la simplificación y transparencia impositiva que de un incremento en tasas impositivas. Quizá es que al igual que en una economía familiar basada en ingresos fijos en donde el riesgo de que cualquier cambio incida en la estabilidad del mes paraliza cualquier emprendimiento; nadie cuya carrera dependa de la opinión pública está dispuesto a evaluar las raíces del problema y contradecir los “convenios de recaudación”[1] que año con año se celebran entre el Presidente de la República y el Superintendente de Administración Tributaria, convenios responsables de diversos titulares de prensa y de más de algún incentivo perverso.

La recaudación fiscal en Guatemala está concentrada en dos impuestos principales: el Impuesto al Valor Agregado y el Impuesto Sobre la Renta. Tomemos de referencia el año completo 2016 en el cual el Impuesto Sobre la Renta (ISR) representó aproximadamente 29% de la recaudación anual, mientras el Impuesto al Valor Agregado (IVA) cerca del 44%, éste último dividido entre montos similares por importaciones del 24% e IVA doméstico del 24%. Sumados responden por el 76% de la recaudación anual.

A nivel de IVA doméstico se calculan altas cifras de incumplimiento e informalidad, en sectores con ventas domésticas significativas entre 1.5% y 4% del PIB dependiendo de la fuente. Sin duda una reacción fácil, al ver que Guatemala con una recaudación de IVA alrededor de un 5% del PIB es de las más bajas en América Latina, podría ser el considerar elevar la tasas de dicho impuesto del 12% actual a quizá al 15%, aunque sin duda no vendría sin una dosis importante de costo político. Por otro lado la complejidad en el manejo del IVA en sectores informales aunada a una baja capacidad de fiscalización, hacen que la carga del IVA pese importantemente sobre las importaciones y no sobre el valor agregado doméstico. La fiscalización y la complejidad son enemigos de la formalidad.

Para quienes prefieren mantener su estado actual y asumir el riesgo de operar en la informalidad, el salto a la formalidad es una barrera significativa, pero queda claro que dependemos en forma importante de un sistema complejo de cálculo sobre el valor agregado cuyas premisas muchas veces no se conocen por los contribuyentes y una renta imponible cuya determinación es el resultado de una carrera de obstáculos arbitraria y cambiante. Sin duda fuente de trabajo para asesores y técnicos, y aliado importante de la informalidad.

El sistema tributario es un apéndice integrado a la economía, que en su estado ideal debiera garantizar el funcionamiento básico del Estado con una afectación positiva o neutra al proceso económico. Nada positivo logra un sistema de fiscalización invasivo que desincentive la producción, impida ampliar la base tributaria y por el contrario incentive la inversión de capitales fuera del territorio; “mejorar” la recaudación a costa de una economía quebrantada no tiene sentido. Por otro lado mantener un clima de desigualdad donde algunos sectores contribuyen poco o nada, fomenta una baja moral tributaria, contribuye a la desigualdad social y obstaculiza la cohesión cuando no existe un sentimiento genuino de aportar y poder exigir del sistema.

Sin duda las ciencias económicas no están articuladas sobre ecuaciones lineales. Como ejemplo, hoy se revive el recurrente debate de los efectos de la reducción de impuestos sobre los ingresos reales de los trabajadores, discusión que ha sido materia de polémica por décadas entre economistas. Hasta hoy no conozco un bando victorioso, pero sí ejemplos mixtos donde un estímulo económico puede generar un crecimiento salarial general basado en la reducción de la oferta laboral y una competencia en salarios para atraer talento, generando mayores ingresos formales que contribuyan fiscalmente al sistema. Sin duda este debate al menos deja claro que elevar la carga impositiva sin evaluar otros factores tendría un efecto que por lo menos se pueda catalogar como no-lineal e impredecible.

Los tiempos actuales parecieran un momento ideal para trabajar sobre un sistema de recaudación fiscal que se perciba como más justo y a la vez tomar pasos firmes para estimular la inversión y el emprendimiento. Si las decisiones las dejamos en manos de quienes solo tienen un objetivo y no tienen un incentivo directo para ver un panorama completo, podemos terminar estirando la recaudación sobre un modelo cuya elasticidad pareciera estar alcanzando sus límites. Es imprescindible evaluar el sistema tributario como parte del sistema económico general y no al revés.

Las últimas reformas tributarias y sus antecesoras, se basan en presunciones de incumplimiento y evasión, reduciendo más los gastos deducibles, trasladando funciones recaudadores a los contribuyentes, distorsionando la correcta devolución de créditos fiscales, asumiendo valores de mercado para tasas impositivas creadas sobre valores fiscales. Más reformas en ese sentido equivalen a tapar filtraciones pero no nos dejarán con un sistema más robusto. Al contrario, corremos el riesgo de provocar fisuras cuya reparación no estamos en capacidad de afrontar.

Debemos emprender un esfuerzo que tome en cuenta los resultados totales, tanto en las fuentes de la recaudación como en el uso correcto de los recursos, extremo que pareciera al día de hoy el más descuidado de todos. Cualquier análisis debe revisar las premisas sobre las que se debe basar el sistema, evaluando la sencillez en cálculos, fácil y eficiente fiscalización por la autoridad fiscal y cumplimiento por el contribuyente, y transparencia en la ejecución de los recursos, de tal forma que la formalidad no sea materia de un proceso de decisión, y los procesos de recaudación no se basen en presunciones y arbitrariedad. Cualquier esfuerzo de reforma debe estar dispuesto a renunciar el pasado y enfocarse en un mejor futuro para una recaudación integral. El clima para algo parecido pareciera cercano, aunque los actores no han entrado en el escenario. Si hay algo claro es que la discusión no debe limitarse a cuanto, sin incluir el cuándo, quién, cómo, y para qué. [1] https://portal.sat.gob.gt/portal/meta-de-recaudacion-y-cumplimiento/#1506901809579-6fa8b517-48c0