QIL+4 Abogados trabajó con Miller & Chevalier la realización de la13ª Encuesta Latinoamericana Anticorrupción 2016

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RESUMEN EJECUTIVO

Con escándalos de alto perfil que con frecuencia ocupan los titulares en los medios de comunicación, la corrupción en América Latina continúa debilitando la confianza en las instituciones políticas de la región y generando un efecto corrosivo en la integridad de sus mercados. Recientemente, la investigación en curso “Lava Jato” -también llamada “Operación de Lavado de Autos”- la cual se centra en la compañía más grande de la región, Petrobras de Brasil, proyecta una sombra indeseada sobre los Juegos Olímpicos y sobre la ya inestable economía del país. Hasta el momento, decenas de compañías y cientos de empresarios se vieron involucrados en escenas de corrupción, alcanzando a los puestos jerárquicos más altos del gobierno. La caída de los negocios más importantes y de los líderes políticos en Brasil se refleja en significativas investigaciones en América Central, en donde el ex presidente de Guatemala fue recientemente arrestado y acusado por sobornos. Investigaciones de corrupción a gran escala que involucran a la Argentina, Chile, Colombia, México y Venezuela sugieren que los riesgos se han generalizado.

Dentro del contexto de los escándalos de corrupción generalizada, algunas empresas de América Latina están adoptando fuertes mecanismos de compliance y acogiendo estructuras de gobernanza modernas. El alcance de la corrupción en América Latina y la reacción corporativa frente a la corrupción se encuentran entre los temas claves abordados en una encuesta realizada por el estudio jurídico de Estados Unidos Miller & Chevalier Chartered (Miller & Chevalier) junto con otros 13 estudios jurídicos de la región. En la encuesta participaron ejecutivos de negocios y abogados internos que trabajan en Estados Unidos y América Latina, acerca del alcance de la corrupción en sus respectivos países y en aquellos en los que sus compañías operan, así como también sobre la efectividad percibida de las normas anticorrupción locales y sobre cómo los negocios abordan el riesgo de corrupción.

Muchas respuestas sobre la percepción de riesgo fueron consistentes con los resultados arrojados en encuestas anteriores realizadas por Miller & Chevalier junto con otros estudios jurídicos en 2008 y 2012, las cuales sugieren que los riesgos y las percepciones desfavorables de cumplimiento continúan y reflejan negatividad acerca del efecto que tiene la corrupción sobre el gobierno. Al mismo tiempo, la encuesta reveló signos de mejoras a nivel regional en relación con medidas de compliance; ciertas compañías en algunos países demostraron un progreso excepcional y sofisticación al momento de adoptar las mejores prácticas en materia de compliance.

RESULTADOS DESTACADOS

§  En términos generales, las nomas anticorrupción se perciben como inefectivas: Más de tres cuartos de los encuestados (77%) creen que las leyes de anticorrupción de su país no son efectivas; y alrededor de la mitad (48%) dijeron que la corrupción es un obstáculo importante al momento de hacer negocios. Más de la mitad (52%) creen que ha perdido negocios frente a competidores corruptos; y la mayoría de ellos (89%) dijeron que dichas conductas no se reportaron ante las autoridades. El 71% de los que sí informaron dichas conductas a las autoridades, aseguraron que el gobierno no llevó a cabo la investigación correspondiente. Estos resultados son altamente consistentes con los arrojados en base a las mismas preguntas realizadas en 2008 y 2012.

-          En 2012, el 71% de los encuestados afirmaron que las leyes anticorrupción de su país no eran efectivas y el 44% sostuvo que la corrupción era un obstáculo significativo al momento de hacer negocios. El 51% afirmó haber perdido negocios frente a competidores que no respetaron las leyes, pero el 88% aseguró que dichas conductas no fueron informadas a las autoridades. El 67% de aquellos que sí las reportaron dijo que el gobierno no llevó a cabo la investigación correspondiente.

-          En 2008, el 82% de los encuestados aseguraron que las leyes anticorrupción de su país no eran efectivas y el 48% afirmó que la corrupción era un obstáculo importante al momento de hacer negocios. El 59% afirmó creer haber perdido negocios frente a competidores que no respetaron las leyes, pero el 91% aseguró que dichas conductas no fueron informadas a las autoridades. El 50% de aquellos que sí informaron a las autoridades sobre dichas conductas, aseguraron que el gobierno no llevó a cabo la investigación correspondiente.

§  Aumento de la familiaridad con FCPA: Casi tres cuartos de los encuestados en la región (72%) están familiarizados con la Foreign Corrupt Practices Act (“FCPA”), por encima del 65% en 2012. El 58% de los encuestados de las compañías locales/regionales conocen algo o mucho a la FCPA, superior al 47% del 2012. Incluso algunos encuestados cuyas compañías no aparecen alcanzadas por la FCPA, casi tres cuartos conocen en algo o mucho a la FCPA, sugiriendo que esta ley ha tenido un amplio impacto en la región.

§  Casi todos los encuestados creen que las empresas estatales y los partidos políticos son corruptos: A diferencia de años anteriores, la encuesta de este año analiza las percepciones de los encuestados con respecto a los partidos políticos y a las empresas estatales, como por ejemplo, las compañías petroleras nacionales y los hospitales públicos. El 92% de los encuestados asocia moderada o significativamente a la corrupción con los partidos políticos y un 93% de los encuestados dijo lo mismo sobre las empresas estatales.

§  Argentina, Brasil, México y Venezuela son consideradas como las economías grandes más corruptas: De las mayores economías (superiores a U$S 100 MM en PBI) Argentina, Brasil, México y Venezuela son vistas como las más corruptas de la región, resultado consistente con la encuesta de 2012, en donde Argentina, México y Venezuela fueron considerados como los países más corruptos. Sin sorpresa, Brasil se ha unido a este grupo por los importantes escándalos de corrupción expuestos en los últimos años.

§  Cada vez más compañías están implementando mecanismos para mitigar riesgos de terceros: Los esfuerzos de las empresas regionales y multinacionales para mitigar los riesgos de corrupción en relaciones con terceras partes, tradicionalmente una de las mayores áreas de riesgo bajo la FCPA y leyes anticorrupción similares, fueron notablemente incrementadas en la región. Cada vez más empresas están implementando due diligences y prácticas de monitoreo e incorporando cláusulas de salvaguarda en sus contratos con terceros.

§  Divergencia entre los países en adoptar iniciativas internacionales: La encuesta muestra un excepcional crecimiento en los esfuerzos de compliance anticorrupción en determinados mercados clave (Brasil, Colombia, México y Estados Unidos) mientras que en otros mercados disminuye el acogimiento a los esfuerzos de mejores prácticas (Bolivia, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Venezuela), señalando que emerge una variedad de contextos de cumplimiento a lo largo de la región. Clasificamos a tales contextos de países como “más desarrollados”, “en desarrollo” y “menos desarrollados” en la página 24 y en el Apéndice.

DESTACADOS POR PAÍS

* Brasileños enfocados en la corrupción. Las respuestas relacionadas con Brasil destacan y muestran el efecto significativo que las acciones de aplicación de la ley realizadas a nivel local pueden tener sobre las percepciones domésticas de la corrupción y el cumplimiento corporativo. El 93% de los brasileños encuestados tienen conocimiento que una empresa, persona u oficial de gobierno está siendo procesado por realizar o recibir un pago indebido, regalo u otro beneficio relacionado con la obtención de negocios, en comparación con el 64% en América Latina y el 88% en Brasil en 2012. El 90% cree que es probable que un delincuente sea castigado, en comparación con el promedio regional de 59%. Desde 2012, el porcentaje de brasileños encuestados que dice que hay corrupción significativa en el Poder Ejecutivo ha subido cerca de 25 puntos porcentuales, alcanzando el 86%. Brasil también tiene el mayor porcentaje de los encuestados diciendo que la importancia de la prevención de la corrupción en sus empresas ha aumentado en los últimos 5 años, con un 81% que lo afirmaron en comparación con un promedio regional de 71%.

* México lento en la Reforma. México es considerado como uno de los cuatro países más corruptos encuestados en la región, lo que está en línea con su clasificación de riesgo en la encuesta realizada en 2012. Este año, sólo el 8% de los encuestados consideró que las leyes anticorrupción actuales de México son efectivas, en comparación con un promedio regional del 23%. México ha experimentado varios escándalos de corrupción importantes en los últimos cuatro años, incluyendo acusaciones de una relación quid pro quo derivada de la compra de una casa lujosa por parte de la esposa del presidente Enrique Peña Nieto a partir de un importante contratista del gobierno. En relación con esto, la encuesta muestra una disminución de los mexicanos que creen posible que un delincuente sea procesado a nivel local, del 40% en 2012 al 28% en 2016, en comparación con un promedio regional de este año del 59%. México registra el tercer porcentaje más bajo de confianza en las investigaciones judiciales locales; sólo Venezuela (12%) y la República Dominicana (14%) tienen niveles de confianza más bajos. En consonancia con este hallazgo, el compromiso de la reforma legal anticorrupción del país ha tardado en surgir. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico ha expresado su preocupación por las leyes anticorrupción de México por más de una década y recién el 18 de julio de 2016 (después del cierre del periodo de la encuesta) el Presidente Peña Nieto convirtió en ley la legislación para el Sistema Nacional Anticorrupción de México.

* Señales alentadoras en Guatemala. Recientemente, los guatemaltecos han visto cómo una investigación llevada a cabo por los fiscales locales con el apoyo de la comunidad internacional ha dado lugar a la detención y el encarcelamiento del presidente en ejercicio, Otto Pérez Molina, y una docena de otros funcionarios de alto nivel implicados. La evidencia muestra que los funcionarios han estado involucrados en un esquema sistémico para utilizar la agencia de aduanas para desviar fondos a sus cuentas personales. Estos acontecimientos destacados parecen haber tenido un efecto en la percepción de la corrupción de los guatemaltecos. Los encuestados de Guatemala (95%) clasificaron el riesgo de aduanas como “significativo” más que en cualquier otro país encuestado. Los guatemaltecos encuestados consideran que la corrupción es frecuente, con un 65% que cree que sus propias empresas han perdido negocios frente a los competidores dispuestos a pagar sobornos, en comparación con un 52% promedio en la región. La encuesta también revela un notable incremento en el porcentaje de guatemaltecos que creen posible que un delincuente sea procesado a nivel local, subiendo 29 puntos porcentuales, 65% en 2016 desde el 36% en 2012, comparado con un promedio regional de 59%, tal vez un reflejo de los recientes procesamientos.

* Venezuela como el más corrupto de los países encuestados en la región. La continua inestabilidad en Venezuela parece haber creado un entorno en el que la aplicación local de lucha contra la corrupción es considerada como mínima. Ninguno de los participantes venezolanos cree que las leyes contra la corrupción del país son efectivas, el único país encuestado en recibir una respuesta del 0%. Se ha producido una disminución de los venezolanos que creen posible que un delincuente sea procesado localmente, bajó un 22% desde el 39% en 2012 a 17% en 2016. Menos de un tercio (29%) de los encuestados tienen conocimiento que una empresa, persona o funcionario del gobierno está siendo procesado por realizar o recibir un pago indebido, regalo u otro beneficio relacionado con la obtención de negocios, en comparación con un promedio regional de 64%, lo cual bajó un 23% del 52% obtenido en 2012. Todos los encuestados venezolanos ven “corrupción significativa” en el Poder Ejecutivo y en empresas de propiedad estatal, los porcentajes más altos registrados entre todos los países encuestados, quizás refleja los amplias poderes y funciones llevadas a cabo por la administración del presidente Nicolás Maduro, y las actividades de largo alcance de las empresas estatales en la economía local.

A pesar del continuo pesimismo en la región acerca de la efectividad de las leyes locales contra la corrupción, Brasil, que adoptó la Ley de Empresas Limpias en 2014 y se encuentra en medio de uno de los más grandes esfuerzos de enjuiciamiento contra la corrupción jamás visto, sirve como un ejemplo de la velocidad a la que las percepciones locales de la corrupción puede cambiar cuando los países adoptan una nueva legislación y los organismos de aplicación utilizan la ley de manera agresiva.

Durante los próximos cuatro años podemos esperar que los esfuerzos anticorrupción continúen expandiéndose en otras áreas de la región, al mismo tiempo que países como Argentina, Colombia, Chile, Guatemala, México y Perú continúan por reformar y hacer cumplir sus leyes. Dependiendo de la gravedad de estos esfuerzos, la región podría experimentar cambios más amplios y fundamentales en la percepción de la corrupción y la capacidad de los gobiernos para hacerle frente. Si estos esfuerzos no se toman en serio, las actitudes actuales que se vienen experimentando desde hace tiempo podrían arraigarse aún más. Incluso si algunos países de América Latina no llevan a cabo las reformas locales pertinentes, aún sus empresas pueden resultar influenciadas por la aplicación extraterritorial de la FCPA y otras leyes internacionales contra la corrupción y por la concientización de las normas de cumplimiento internacional que crean esas leyes. La amenaza de procesamiento por gobiernos extranjeros de empresas e individuos locales podrían ayudar a reforzar el interés doméstico en el compliance y en otras medidas de protección, trabajando para desplazar lo que se han convertido en las actitudes inertes sobre el riesgo prevalente de la corrupción durante los ocho años en que se han realizado las encuestas Miller & Chevalier.